Un sueco, un irlandés, dos británicos, un hombre de Granada y dos de Murcia. Suena como el comienzo de un mal chiste, pero no lo es.
Originaria del norte de África, se alega que esta banda internacional de tráfico de cannabis transportaba envíos de la droga por carretera a países de Europa y el Reino Unido.
La Guardia Civil en Madrid recopiló inteligencia, recibida de informantes y pistas que resultaron de la vigilancia, que indicaban que la droga siempre pasaba por España hacia su destino final, con el almacenamiento que se llevaba a cabo generalmente en un almacén industrial en el Polígono Industrial de San Ginés en Alcantarilla.
La información fue enviada al Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (Edoa) en Murcia, que descubrió que la organización supuestamente utilizaba una ‘empresa pantalla’ de distribución de pescado para encubrir sus actividades ilegales, logrando mover cantidades significativas de cannabis y hachís a través de diferentes rutas desde el sur y este del país.
El almacén industrial fue alquilado por el murciano LOV, de 45 años, y el sueco DR, de 48 años, y se dedicaba a la importación de frutas, aunque, en realidad y según las actuaciones judiciales, la instalación se utilizaba como centro logístico para el almacenamiento y distribución de las drogas.
En octubre de 2017, la Guardia Civil desplegó una operación de vigilancia en torno al almacén donde los agentes observaron la entrada de varios vehículos, incluyendo una furgoneta y un camión en los que se cargaron dos paletas de cajas, que se creía contenían drogas, en un camión.
El vehículo recorrió unos 50 kilómetros y fue interceptado por agentes del Departamento de Tráfico de la Guardia Civil en el kilómetro 633 de la A-7, en Lorca. Dentro del vehículo, los agentes encontraron veinte cajas con 150 bolsas de plástico envasadas al vacío, llenas de cogollos de marihuana que pesaban 190 kilos y tenían un valor de más de 200,000 euros. El conductor del camión, un hombre de 59 años de Granada, VRM, fue arrestado.
Durante el arresto, su teléfono móvil no dejaba de sonar. El llamante era un número de móvil que aparecía con el nombre ‘Follaor’. Los agentes nunca encontraron a esta persona, pero la operación llevó al arresto del resto de los involucrados, de nacionalidad británica, irlandesa y española, que desempeñaban diferentes funciones dentro de la red.
Uno de ellos era el español PJR, de 55 años, que conducía un Audi A4 que actuaba como vehículo de enlace, asegurando la ruta y notificando cualquier posible presencia policial. Pero, como sospechaba Edoa, la red no se limitaba a España.
Durante la investigación, se descubrió que el irlandés PD, otro de los acusados, de 75 años, tenía contactos en el Reino Unido para coordinar la transferencia de grandes cantidades de narcóticos. Otro de estos vínculos era SM, residente en el Reino Unido, con quien PD se reunió en varias ocasiones para cerrar acuerdos sobre la compra y venta de drogas en Alicante.
La información recopilada durante la operación llevó al arresto de otro británico, JW, de 75 años, que había estado en contacto con PD en la zona de Orihuela Costa para transportar hachís desde Granada.
JW fue interceptado, junto con el español AFC, en un control policial en la autopista A-7 cerca de Totana, donde se encontraron más de 3 kilos de hachís escondidos en los compartimentos ocultos de su vehículo. Las drogas estaban destinadas al Reino Unido.
Con los siete miembros de la red arrestados, la Guardia Civil registró los hogares de los acusados. En la casa de LOV de Murcia, la persona que alquiló el almacén para almacenar los 200 kilos de marihuana, los agentes encontraron una pequeña plantación con 63 plantas de marihuana y material utilizado para el cultivo en interiores.
En la casa de PJR, la persona a cargo de la vigilancia, se incautó una máquina de contar dinero, junto con 9,500 euros en efectivo, dinero que los investigadores presumen que proviene de la venta de drogas. En otro registro realizado en la casa del inglés PD en Orihuela Costa, se encontraron tres cuadernos con anotaciones sobre cantidades de drogas y contactos relacionados con la actividad de tráfico de drogas.
Las pruebas recopiladas por la Guardia Civil revelaron el nivel de sofisticación y organización de la red desmantelada. Además de los vehículos utilizados para el transporte, la red tenía sus propios sistemas de vigilancia y desarrollaba rutas de transporte complejas para evitar los controles policiales.
El desmantelamiento de esta organización fue un golpe importante al tráfico de drogas en la región y a las rutas internacionales de transporte de drogas. La operación destacó la capacidad de las fuerzas de seguridad para infiltrarse en la estructura de las redes criminales y cortar el flujo de drogas desde su punto de origen.
Mientras tanto, los siete acusados enfrentaron procesos legales la semana pasada con solicitudes de la Fiscalía de penas que van desde 3 años y medio a 4 años y medio de prisión y multas por un total de dos millones de euros.
El abogado penalista Jorge Novella, que defendió a uno de los principales acusados, el murciano LOV, dijo que antes del juicio hubo un acuerdo con el fiscal en el que habría una reducción de penas si los acusados admitían los hechos. Así, su cliente aceptó una condena de un año de prisión, que fue suspendida.
La misma sentencia se dictó para el otro español, AFC. El resto de los acusados fueron condenados a dos años, aunque tampoco irán a la cárcel. El acuerdo se determinó por el factor atenuante de las dilaciones indebidas en un caso que ya lleva siete años en curso.