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Fue el lenguaje utilizado tanto como cualquier otra cosa. Dos asociaciones de agencias inmobiliarias enviaron una carta al presidente del gobierno Pedro Sánchez, la cual, como se explica con mayor detalle en otro punto del periódico de esta semana, expresaba sentimientos que podrían haber surgido de grupos que han protestado contra la situación de la vivienda en las Islas Baleares. Estas asociaciones condenaron la especulación, afirmaron que la vivienda es un derecho y exigieron medidas urgentes. Quizás el colectivo Banc de Temps en Sencelles invite a los presidentes de las asociaciones a participar en su próximo video viral denunciando la crisis de la vivienda, la expulsión de residentes y el proceso de gentrificación.
Dado que las agencias han sido blanco de la ira de los manifestantes, uno puede suponer que estos sentimientos serán vistos con escepticismo. Pero dejando de lado las sospechas, y con la esperanza de encontrar soluciones genuinas, tomemos la carta como una declaración de responsabilidad y de intención. Donde se encuentra con un problema particular es en el llamado a un gran pacto por la vivienda y un consenso político que también cuente con el apoyo del sector inmobiliario, de grupos sociales y de la burocracia de las autoridades locales.
Bueno, entonces – y como ejemplo – Vox y Sumar estarán de acuerdo. No nos hagas reír. O Més per Menorca y el gobierno de Prohens, el parlamento habiendo desperdiciado su aliento debatiendo un requisito de residencia de 15 años, una distracción de lo que las asociaciones han identificado como problemas fundamentales, por ejemplo, programas significativos de vivienda asequible y social a una escala mucho más ambiciosa de lo contemplado hasta ahora.
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