La Policía Local de Orihuela y la Seprona de la Guardia Civil arrestaron por la fuerza a Kimberly y Love Wesenauer de la Finca Langostina el lunes mientras intentaban defender lo que consideran su tierra, frente a las decisiones judiciales que dicen lo contrario.
La orden fue firmada por la jueza Francisca Isabel Fernández Zapata, titular del Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Orihuela, al enviar la comisión judicial para supervisar la entrega de la tierra a los constructores del nuevo complejo.
Las jóvenes fueron arrestadas al oponerse al desalojo forzoso de una sección de la finca de 200 años que ha sido rodeada de nuevas viviendas turísticas en los últimos veinte años.
En un ambiente de gran tensión y gritos, la propietaria, Gabriele Wesenauer, junto con su esposo, también fue detenida por los agentes después de desplomarse en el suelo.
Dos de las hijas fueron finalmente arrestadas, esposadas y colocadas por la fuerza en un vehículo policial antes de ser trasladadas a los cuarteles de la Guardia Civil de Torre de la Horadada.
También en la escena se encontraba el constructor y empresario de Molins (Orihuela) Víctor Gálvez, uno de los Directores de Lideralis Empresarial en Desarrollo SL, una empresa que cambia regularmente su nombre comercial según las circunstancias.
Los Wesenauer habían presentado una nueva propuesta para detener el levantamiento topográfico al presentar una carta, respaldada por un informe de expertos, porque las obras con maquinaria pesada se están llevando a cabo junto a una antigua cuadra donde hay varias parejas de golondrinas anidando.
Esta solicitud de adopción de medidas por parte del tribunal se ha presentado ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Alicante.
Numerosos medios de comunicación se reunieron en la casa junto con muchas personas que han apoyado a la familia en la lucha que han mantenido para defender esta finca tradicional en los últimos veinte años.
En 2020, el ayuntamiento de Orihuela prometió promover la protección de la casa al ser de Interés Cultural Especial. Fue respaldado por un informe del propio arquitecto municipal, que podría haber resultado en la paralización de la construcción de las viviendas.
Tanto el entonces alcalde Emilio Bascuñana como el actual alcalde Pepe Vegara no han cumplido ese compromiso. Sin embargo, el Ayuntamiento ha aprobado desde entonces al constructor en su derecho a actuar, ya que de lo contrario significaría que el municipio tendría que compensar a la empresa por sus pérdidas.
El lunes, Amigos de Sierra Escalona (ASE) emitió un comunicado de apoyo a la familia que posee la casa en sus demandas. Dijeron que esta es una de las pocas “construcciones tradicionales que han sobrevivido a la avalancha de urbanizaciones turísticas que han invadido gran parte de la Dehesa de Campoamor en Orihuela Costa”.
Nada de esto ha generado simpatía por parte de los agentes de la Policía Local, quienes finalmente detuvieron a las dos hermanas. Según fuentes policiales, se les acusa de desobediencia por intentar obstaculizar la ejecución de una sentencia y también de atentar contra la autoridad con sus pequeñas luchas con los funcionarios uniformados.