El Ayuntamiento de Palma aprobó el jueves la aprobación inicial, con los votos a favor del centro derecha Partido Popular y Vox y en contra de la oposición, de una nueva ordenanza municipal que incluye medidas como la prohibición de vivir en autocaravanas. En una sesión plenaria acalorada, los portavoces municipales de los partidos de izquierda PSOE, Més per Palma y Podemos han calificado la nueva ley de represiva y antidemocrática debido a medidas como la prohibición de vivir en caravanas y la imposición de multas a artistas callejeros y personas sin hogar.

La nueva normativa, que estará abierta a la opinión pública durante un mes, prohíbe pasar la noche en caravanas y autocaravanas en Palma excepto en áreas autorizadas, con multas que van desde los 750 a los 1.500 euros; obliga a quienes conduzcan patinetes eléctricos a contratar un seguro de responsabilidad civil (con multas de 600 euros), a llevar casco y chaleco reflectante; y aumenta las multas por infracciones muy graves a 3.000 euros.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Civismo, Miguel Busquets, presentó la ordenanza sin mencionar uno de sus puntos más polémicos, la prohibición de vivir en caravanas, y defendió la necesidad de erradicar comportamientos que amenazan la convivencia. Una vez que la regulación fue aprobada, el presidente de la Plataforma Nacional de Autocaravanas Autónomas de España, Jesús Gallardo, tomó la palabra en la sesión plenaria, habiéndosele dado la palabra por una asociación de vecinos, y afirmó que la nueva ordenanza cívica es anticonstitucional y contraria a la normativa estatal de tráfico.

‘No son terroristas, simplemente son propietarios de autocaravanas, seres humanos y familias que desafortunadamente se han visto obligados por el propio sistema a vivir en sus vehículos porque no pueden permitirse una vivienda, y que con la nueva ordenanza quedan aún más desamparados”, afirmó.

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Señaló que la ordenanza municipal viola la Constitución, que reconoce el derecho a una vivienda digna, al no permitir pernoctar en autocaravanas cuando son vehículos homologados.
Añadió que la Dirección General de Tráfico está en contra de la ordenanza porque “no se permite la discriminación” y aquellos que utilizan su autocaravana como vivienda no deberían ser penalizados, siempre y cuando esté correctamente estacionada y no realicen actividades fuera de ella.

“Normalmente, una autocaravana se compra para el ocio. Lo triste es que, en Mallorca, hay personas que tienen que comprar una autocaravana para poder vivir en ella porque no tienen dónde dormir”, dijo. “¿Qué hacemos con estas familias? ¿Las lanzamos al mar? ¿Las enviamos a otros pueblos cercanos como está sucediendo y culpamos del problema al próximo alcalde?” preguntó Gallardo, quien denunció que “el objetivo de esta ordenanza es ocultar a todos los turistas que vienen a Mallorca el hecho de que hay pobreza y no es cierto que más de 500 personas duerman en la calle”.