Mientras ciudades como Torrevieja ignoran activamente las leyes sobre contaminación acústica y fomentan activamente la perturbación de los residentes, la capital provincial, Alicante, está tratando de resolver el problema después de que los tribunales fallaran a favor de los residentes que tuvieron que soportar las molestias.
Alicante no es la única ciudad de alto perfil donde se han ganado batallas legales por parte de los residentes, una situación similar ha ocurrido en Madrid donde los residentes cercanos a un estadio de deportes han objetado por el exceso de ruido de conciertos de música, que no fueron incluidos en la etapa de planificación.
La implementación de medidas de control de ruido tanto en el Centro Tradicional como en el Casco Antiguo de Alicante vinculadas a la implementación de dos Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) comenzará en cuestión de semanas, según el vicealcalde, portavoz del equipo de gobierno y concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, quien señaló que se tiene prevista una reunión informativa con representantes del sector hostelero entre el final de esta semana y el comienzo de la próxima para informarles sobre su desarrollo.
“La aplicación será rápida, una vez que se haya iniciado el expediente, pero queremos celebrar una reunión informativa con los hoteleros antes para informarles sobre en qué consistirán las medidas a implementar”, dijo Villar, sin especificar en qué consistirán estas medidas. A priori, se predice que se modificarán los horarios de apertura de los establecimientos hoteleros, en línea con la actualización de la Ordenanza de Ocupación de Vías Públicas aprobada inicialmente en julio pasado, y que se reforzará la presencia policial en las calles para evitar la concentración de público en las proximidades de los locales en ambos barrios.
Con esto, el equipo de gobierno intentaría cumplir con la sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 3 que respalda el recurso por vulneración de derechos fundamentales presentado por dos residentes del Centro Tradicional de forma privada y pide al Ayuntamiento que declare una ZAS en la calle Castaños, y, al mismo tiempo, extienda estos límites también a las calles del Casco Antiguo donde ya existen medidas de control previas después de su declaración como Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) desde 2018.
Mientras tanto, el grupo municipal del PSOE también acusó al equipo de gobierno el martes de seguir “ocultando” las mediciones de varios dispositivos instalados en vías públicas y de contratar “una empresa no autorizada por el ministerio para manipular los dispositivos”. Así lo afirmó el concejal Raúl Ruiz, a través de un comunicado, en el que denunció “la intervención que tuvo lugar esta mañana en varios medidores de nivel de sonido rotos instalados en las calles de Alicante”. “El trabajo ha sido realizado por la empresa Paquete SL y se ha llevado a cabo cinco meses después de que el vicealcalde asegurara que estaban siendo reparados por personal municipal”, señala la nota pública.
Según el PSOE, “es una empresa que nunca ha estado registrada en el Registro de Control Metrológico del Ministerio de Industria y Turismo, algo requerido explícitamente para los profesionales que manipulan estos medidores de nivel de sonido en la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, que regula el control metrológico estatal de ciertos instrumentos de medición, como estos medidores de nivel de sonido”. “Las normativas técnicas que rigen estos medidores de nivel de sonido también requieren la verificación anual de estos medidores para garantizar la calibración y fiabilidad de los datos recibidos, algo que nunca se ha hecho desde su implementación”, agrega el PSOE.