Los conductores en España han sido advertidos de reducir la velocidad ya que las autoridades intensifican los esfuerzos para combatir el exceso de velocidad.
Ahora los infractores se enfrentan a multas de hasta €600 y la amenaza de procesamiento penal por las violaciones más graves.
La autoridad de tráfico del país, la Dirección General de Tráfico (DGT), lanzó una campaña a nivel nacional el 7 de abril, dirigida a frenar la velocidad excesiva, un factor que sigue siendo una de las principales causas de accidentes mortales en las carreteras españolas.
La iniciativa ha visto controles intensificados por la división de tráfico de la Guardia Civil, junto con fuerzas policiales regionales y locales.
Los datos más recientes de seguridad vial en España pintan un panorama preocupante: dos de cada tres multas de tráfico se emiten por exceso de velocidad, y un asombroso 43% de los conductores están infringiendo regularmente los límites de velocidad.
A pesar del creciente papel del uso del teléfono móvil y la conducción bajo los efectos del alcohol en las cifras de accidentes, la velocidad excesiva sigue contribuyendo a casi el 30% de todas las muertes en carretera.
Bajo el sistema de sanciones actual, los conductores sorprendidos excediendo el límite pueden esperar repercusiones financieras severas y una deducción de puntos en la licencia:
Hasta 20 km/h por encima del límite: multa de €100, sin puntos perdidos
21-30 km/h por encima: multa de €300, 2 puntos
31-40 km/h por encima: multa de €400, 4 puntos
41-50 km/h por encima: multa de €500, 6 puntos
Más de 50 km/h por encima: multa de €600, 6 puntos, y clasificado como una infracción muy grave
Pero las consecuencias no terminan ahí. Los conductores sorprendidos excediendo el límite en más de 60 km/h en carreteras urbanas o más de 80 km/h en rutas interurbanas corren el riesgo de ser acusados de un delito contra la seguridad vial.
Eso podría llevar a multas adicionales, prohibiciones de conducir, trabajo comunitario o, en casos extremos, tiempo de cárcel.
Las estadísticas preocupantes y la creciente preocupación por la seguridad vial han provocado no solo la actual represión, sino también una inversión a largo plazo en vigilancia.
Hasta ahora este año, se han instalado 41 nuevas cámaras de velocidad en todo el país, 28 fijas y 15 basadas en secciones, con un total de 122 nuevos radares que se espera que entren en funcionamiento antes de finales de 2025.
Además de cámaras estáticas y móviles, la vigilancia aérea continúa a través de la flota de helicópteros de la DGT.
Durante una operación similar en julio pasado, la policía española revisó más de 1.4 millones de vehículos y emitió más de 64,000 multas por exceso de velocidad.