Aena ha anunciado planes para demoler la antigua terminal en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández para expandir la zona de embarque como parte de un proyecto de desarrollo de 20 millones de euros. La redacción de este proyecto ha sido sacada a licitación por 19,875,000 euros, y la propuesta se incluirá en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) III para el período de 2027 a 2031.
Esta expansión representa una importante inversión en la infraestructura del aeropuerto, pero el cronograma y alcance del proyecto dependen de varios factores críticos.
El proceso requiere que Aena apruebe un nuevo plan director, que debe incluir la inversión inicial para la expansión para 2027. El plan director sirve como base para la planificación de la empresa pública, y la falta de inclusión del proyecto en este plan significaría retrasar la inversión por otros cinco años.
Además, el proyecto debe pasar numerosas revisiones medioambientales, que implican períodos de consulta para la participación pública, objeciones y resoluciones, pasos que pueden retrasar significativamente el progreso.
Además, Aena debe mantener consultas con aerolíneas y organismos reguladores como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Dirección General de Aviación Civil en relación con las inversiones relacionadas con la terminal. Los planes propuestos también serán revisados por el Comité de Coordinación Aeroportuaria, que incluye representantes de la Generalitat Valenciana, administraciones locales y nacionales, y actores económicos y sociales clave.
Si se aprueban, los planes se integrarán en la estrategia general de inversión de Aena. Dada la complejidad de estos procesos, las especificaciones del proyecto permiten hasta 60 meses, o cinco años, de trabajo preparatorio. En consecuencia, la construcción es poco probable que se licite antes de 2030 a menos que la empresa ganadora proponga un cronograma acelerado.
El anuncio ha provocado reacciones encontradas en el ámbito político. Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, defendió la expansión como un cumplimiento del compromiso de España con Alicante. Bernabé destacó que el proyecto aumentaría la capacidad de pasajeros, crearía empleos y mejoraría la conectividad en la región.
Por otro lado, figuras de la oposición expresaron reservas y criticaron el plan por sus supuestas deficiencias. Marián Cano, la Consejera de Turismo, calificó la propuesta como “noticia positiva”, pero reiteró la necesidad de una segunda pista en el aeropuerto de Alicante-Elche. Señaló que El Altet sigue siendo el único gran aeropuerto europeo sin conexión ferroviaria, subrayando una necesidad más amplia de mejorar la infraestructura.
De manera similar, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, describió la medida como “insuficiente” y cuestionó si expandir la zona de embarque aborda adecuadamente las necesidades crecientes del aeropuerto y la región. Instó al Ministro de Transporte, Óscar Puente, a explicar por qué se prioriza el plan actual sobre la construcción de una segunda pista.
Toni Pérez, presidente de la Diputación y líder del Partido Popular en Alicante, adoptó una postura más dura, argumentando que la provincia requiere inversiones más significativas en lugar de “parches” para cubrir el subfinanciamiento sistemático por parte del gobierno central. Pérez exigió un trato igualitario y una mayor inversión para Alicante, que según él ha sido descuidada durante mucho tiempo en las prioridades de financiamiento nacional.
Aunque la propuesta de expansión marca un avance para el aeropuerto, los debates en curso sobre la adecuación y el momento del proyecto reflejan preocupaciones más amplias sobre las necesidades de infraestructura de la región.