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Se ofrecen varias razones para explicar, o se afirma que explican, las dificultades de vivienda en Mallorca y las Islas Baleares y especialmente una tendencia a la alza en los precios que supera a la de otras regiones y hace que las viviendas en venta (o alquiler) sean inaccesibles para gran parte de la clase media, así como para la clase trabajadora.
Una población que en términos relativos ha estado aumentando más que en cualquier otro lugar de España; el alto nivel de compra extranjera; el número de propiedades para alquiler vacacional (legales e ilegales); el número de propiedades vacías; la falta de inversión en viviendas públicas; la burocracia urbanística; la escasez de terrenos. Todo esto se menciona.
Existe una falta de equilibrio entre la oferta y la demanda, y las últimas cifras del Ministerio de Vivienda de España indican una forma en la que esto se ha estado manifestando.
Según el ministerio, el stock de viviendas disponibles en las Islas Baleares en 2023 era de 5,863 propiedades. En 2012, había 15,285. El costo promedio de una hipoteca casi se ha duplicado de 114,023 a 217,660 euros. La media nacional ha aumentado de 100,481 a 141,819 euros.
La caída en el stock de viviendas disponibles ha sido la mayor del país con la excepción del País Vasco, cifras del Colegio de Arquitectos Técnicos indican que, donde ha habido nuevas construcciones, el número de apartamentos ha sido superado por el número de casas adosadas y unifamiliares. Y esto sugiere una preferencia de los promotores por propiedades que pueden ser comercializadas a precios a menudo fuera del alcance del comprador promedio en las Baleares.
El Gobierno Balear tiene previsto introducir una nueva ley de vivienda en 2025. Desde que asumió el cargo en 2023, el Partido Popular ha adoptado medidas que implican poco costo para las autoridades públicas. Uno de ellos es el programa Build to Rent. Esto implica la cesión de terrenos municipales a promotores para que puedan alquilar a precios de acuerdo con el programa de ‘precio limitado’ del gobierno por un máximo de 75 años. Al final de este período, las propiedades pasarán a ser de propiedad pública.
Pero hay presión para una inversión mucho mayor en la construcción de viviendas públicas de la que se está llevando a cabo actualmente y, por lo tanto, se espera que esto se incluya en la nueva ley.
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