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La última encuesta del CIS ha revelado que la vivienda se encuentra entre los desafíos más urgentes de España. Más del 22% de los encuestados la identifican como la segunda preocupación más significativa para los ciudadanos, mientras que el 18,3% afirma que es el problema que más les afecta personalmente.
En España, más de 29.000 personas están sin hogar, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que equivale a 71,3 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, el fenómeno varía considerablemente dependiendo de la región. Históricamente, Andalucía, el País Vasco y Madrid han tenido los porcentajes más altos. El INE estima que un 1,87% de la población sin hogar de España reside en las Islas Baleares. La cifra oficial para 2022 fue de 643 personas sin hogar en las Baleares, pero organizaciones sociales advierten que no solo el número real es más alto, sino que el perfil de los afectados también está cambiando.
Una mirada a los crecientes asentamientos de caravanas en los barrios de Palma revela lo que organizaciones como Sapiència, Sojorn y Càritas Mallorca confirman: “Nuevos perfiles están emergiendo entre la población sin hogar: trabajadores que, a pesar de tener un salario, no pueden acceder a una vivienda digna.” Las Baleares se asemejan cada vez más a la realidad retratada en “Nomadland”, la aclamada película de Chloé Zhao sobre la falta de hogar moderna en Estados Unidos.
El año pasado, organizaciones sociales afiliadas a la iglesia ayudaron a más de 800 personas sin hogar en las Baleares, aunque los datos precisos siguen siendo esquivos. Tradicionalmente, los municipios registraban a todos los usuarios de servicios sociales, independientemente de la precariedad de sus condiciones de vida o de si vivían en la calle. La pandemia destacó la efectividad de este sistema y sus beneficios sociales más amplios. Sin embargo, hace apenas unos días, el Ayuntamiento de Palma aprobó una nueva ordenanza cívica imponiendo multas de hasta 1.500€ a las personas que vivan en caravanas dentro de su jurisdicción.
¿Correrán el riesgo las personas sin hogar, que ya dependen de los servicios sociales, de revelar su dirección real y enfrentarse a multas? La suposición lógica sería que estas personas se mudarían a recursos de vivienda pública, como albergues para personas sin hogar. Pero incluso si alguien está dispuesto a compartir una habitación en un albergue con otros, no hay garantía de un espacio. Los servicios existentes están desbordados.
Alfonso López Bermúdez, graduado en trabajo social y profesor en la Universidad de las Islas Baleares (UIB), ha estado estudiando la calidad de vida de las personas sin hogar en las Baleares desde 2020. Su trabajo, basado en la retroalimentación de profesionales que asisten a las personas sin hogar, abarca a 517 individuos. “Lo que he observado es que a menudo se pasa por alto la calidad de vida en los recursos residenciales. Estas instalaciones están cada vez más abarrotadas, y permanecer más tiempo del necesario en tales entornos empeora la calidad de vida de uno.”
Muchas personas sin hogar prefieren dormir en caravanas, asentamientos o incluso al aire libre en lugar de en albergues públicos. Esto complica un problema en curso: la falta de un recuento preciso de la población sin hogar en las Baleares. Palma es el único municipio de Mallorca que realiza recuentos nocturnos de personas sin hogar. Lo que no se cuenta a menudo parece invisible, sin embargo, la falta de vivienda en las Baleares ha crecido de manera tan significativa que ya no se puede ignorar.
“No tenemos un número definitivo de cuántas personas están viviendo en las calles. Lo que sí sabemos es que cada día, nuevas personas acuden a los albergues, solo para que les digan que no hay lugar para ellos porque los servicios están desbordados,” explica Teresa Riera, responsable del proyecto Sense Llar (Sin Hogar) en Cáritas Mallorca. Toni Moyà de la Fundación Social Sapiència y Jaume Alemany del proyecto de albergue Sojorn describen escenarios similares y piden una mayor concienciación pública sobre la crisis de vivienda.
La crisis de vivienda se intensifica
Conscientes de que la demanda supera con creces la oferta, los propietarios de viviendas, a menudo trabajando en estrecha colaboración con agentes inmobiliarios, no solo están subiendo los precios de alquiler, sino que también están evitando alquilar a familias con niños, personas con discapacidades u otros grupos vulnerables. Estos grupos son percibidos como más difíciles de desalojar en caso de falta de pago.
En mayo de 2023, entró en vigor la Ley del Derecho a la Vivienda en España, permitiendo el establecimiento de topes de alquiler en áreas de alta demanda como las Baleares, donde los pagos de alquiler o hipoteca a menudo superan el 30% del ingreso familiar. Sin embargo, a pesar de que esta herramienta está disponible para todas las regiones, el gobierno balear ha optado por no implementarla.
El informe Estado de la Pobreza en las Islas Baleares de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), una coalición de organizaciones sociales que incluye a la Cruz Roja, destaca otro cambio de tendencia. Hasta la crisis financiera de 2008, el costo promedio de la hipoteca (787€ al mes) superaba al alquiler promedio (543€ al mes). Desde 2016, sin embargo, los costos de alquiler (773€ al mes) han superado a los pagos de la hipoteca (620€ al mes).
Las Baleares es la región con el crecimiento más rápido de los precios de la vivienda en España. Dado que el ingreso familiar promedio en las islas es similar al promedio nacional, la carga financiera adicional para los residentes es evidente. En 2023, los hogares tuvieron que destinar el 21,6% de sus ingresos a la vivienda, significativamente más alto que el promedio nacional del 17,6%. Esta cifra ha aumentado ahora al 30%.
Tradicionalmente, la falta de vivienda estaba vinculada a comenzar de nuevo en un nuevo país, perder un empleo, un desalojo, adicción o problemas de salud mental. Hoy en día, la mayoría de las personas sin hogar son europeas, con un 40% siendo nativas de las Baleares.
La creciente crisis de vivienda en las Baleares ya no es un problema aislado. Es un problema urgente que exige acciones inmediatas y soluciones a largo plazo para asegurar que nadie se quede sin hogar.