El partido de la oposición de España, Partido Popular (PP), está tomando una firme postura en contra de la recientemente implementada regulación de registro turístico. El PP planea presentar mociones en las próximas sesiones plenarias en todos los ayuntamientos, diputaciones, consejos, asambleas generales y otros órganos de gobierno para exigir la inmediata derogación del Real Decreto 933/2021. El partido ha apodado a la legislación como “Turismo Gran Hermano”.
En vigor desde el lunes 2 de diciembre, el decreto exige un detallado registro documental y compartir información por parte de los proveedores de alojamiento y empresas de alquiler de vehículos. El incumplimiento conlleva multas de hasta 30.000 euros.
En respuesta, el PP aboga por la derogación de esta regulación a lo largo de diciembre y enero. El partido también está solicitando la creación de una nueva ley desarrollada en colaboración con actores de la industria para garantizar la competitividad y abordar las preocupaciones de privacidad, como se señala en un comunicado oficial.
La moción del PP critica la legislación por crear “incertidumbre legal”, imponer una “carga administrativa excesiva”, perjudicar a España en el mercado turístico competitivo y abordar de manera insuficiente los desafíos tecnológicos. Además, el partido afirma que la regulación vulnera los derechos de privacidad de los turistas, calificándola como un “Gran Hermano Turístico” que socava el sector turístico, pilar de la economía de España.
La oposición también acusa al gobierno de ignorar las advertencias de los representantes de la industria sobre los riesgos que la regulación plantea para los viajeros y la reputación internacional de España. Según el PP, los extensos requisitos de recopilación de datos del decreto, muchos de los cuales deben cumplirse antes de prestar servicios, son operativamente impracticables y crean una considerable ambigüedad legal.
Además, el partido argumenta que el decreto sitúa a las empresas españolas en desventaja en comparación con sus homólogas europeas, ya que no se imponen obligaciones similares por las leyes nacionales de otros Estados miembros de la UE. El PP ha pedido un enfoque equilibrado que proteja la privacidad, garantice la viabilidad del cumplimiento y preserve la posición de España en el mercado turístico global.