GIBRALTAR está a punto de tomar medidas enérgicas contra los trabajadores españoles que reciben pagos en efectivo y que cobran menos que sus homólogos locales.
La medida se dirige a pequeños comerciantes como fontaneros, electricistas y montadores de muebles, muchos de los cuales cruzan diariamente desde el vecino Campo de Gibraltar.
Como parte de la represión, el gobierno de Gibraltar intensificará los controles en la frontera y llevará a cabo una estricta vigilancia de las actividades comerciales transfronterizas a partir del próximo mes.
Se alienta a las empresas locales a ayudar a las autoridades a identificar y apuntar a los comerciantes no registrados denunciando a posibles competidores no autorizados.
El Ministro de Negocios, Gemma Arias-Vasquez, lo describió como un movimiento para combatir el ‘comercio ilegal’ que ha estado creando una competencia desleal para las empresas locales de Gibraltar.
La iniciativa llega después de una presión sostenida de la Federación de Pequeñas Empresas de Gibraltar (GFSB), que se ha quejado del impacto económico de las actividades comerciales españolas no reguladas.
El gobierno de Gibraltar está tomando un enfoque de doble vía: primero, una campaña de concienciación entre los trabajadores transfronterizos, y luego un mecanismo de aplicación más riguroso.
Ya se ha mostrado un video bilingüe más de 25,000 veces en el cruce fronterizo, alcanzando aproximadamente a 20,000 usuarios en redes sociales y generando 70,000 impresiones en línea.
Se ha distribuido un detallado infográfico, desarrollado en colaboración con la Cámara de Comercio, a las asociaciones empresariales españolas, explicando los requisitos de licencia y registro para las empresas que operan en Gibraltar.
El ministro enfatizó que, si bien los bienes pueden ser entregados por empresas extranjeras, los servicios como instalaciones de cocina, montaje de muebles y otros oficios requieren un registro adecuado en Gibraltar.
El diputado de la oposición Craig Sacarello acogió con satisfacción la medida, pero presionó por mayores recursos para garantizar una aplicación efectiva, calificando el comercio no autorizado como ‘un gran problema para las empresas de Gibraltar’ que afecta a los empleos y a la estabilidad del mercado.
Estas medidas se dan en medio de tensiones crecientes sobre los acuerdos comerciales posteriores al Brexit, con el gobierno ansioso por afirmar el control sobre su economía y sus fronteras.