GLOVO se ha visto obligado a abandonar su modelo de ‘falso autoempleo’ y ahora entregará a sus repartidores contratos laborales legales.
La empresa dejará atrás su antigua forma, que afirmaba que sus repartidores eran ‘emprendedores’, tras años de intensa presión legal por parte de las autoridades españolas.
Alrededor de 60,000 repartidores que han trabajado para Glovo desde 2021 ahora se convertirán en empleados regulares con todos los beneficios que ello conlleva, según la Ministra de Trabajo Yolanda Díaz.
La decisión viene después de repetidas advertencias y multas sustanciales de inspectores laborales, que durante mucho tiempo han argumentado que Glovo estaba explotando sistemáticamente a los trabajadores al clasificarlos como autónomos en lugar de empleados.
El fundador de Glovo, Oscar Pierre, está acusado de suprimir los derechos de los trabajadores.
El modelo de ‘falso autoempleo’ permitió a Glovo evadir el pago de €267 millones en contribuciones a la Seguridad Social, una carga que en su lugar recayó en sus propios repartidores.
El competidor Just Eat ya ha presentado una demanda contra Glovo, alegando que la empresa obtuvo una ventaja competitiva injusta al evitar los costos laborales adecuados, estimados en más de €645 millones en ahorros.
El grupo local Riders X Derechos ha respondido con cautela, destacando la ‘historia de infracciones’ de Glovo y pidiendo transparencia en sus prácticas laborales.
“Después de 8 años de lucha, miles de despidos y colegas que han perdido la vida, parece que Glovo ha entendido que debe contratar a sus repartidores,” escribió el grupo en X.
“A pesar de este anuncio, no creeremos nada hasta que el último repartidor sea contratado.”
La decisión llega justo un día antes de que el fundador de la compañía, Oscar Pierre, tuviera que comparecer en un juzgado penal en Barcelona.
Él está acusado de ‘suprimir y socavar’ los derechos de sus repartidores.
El gobierno español ya ha modificado el Código Penal para imponer penas más estrictas a las empresas que clasifican erróneamente a los trabajadores, con posibles penas de prisión de seis meses a seis años.
Esta decisión histórica no es solo sobre Glovo. Señala un cambio significativo en cómo las empresas de plataformas digitales tratan a los trabajadores en España, estableciendo potencialmente un precedente para negocios similares en toda Europa.
Díaz dijo: “Un joven que va en bicicleta con un teléfono móvil no es un emprendedor. Hemos establecido normas para garantizar esto.”