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El consejero de Vivienda de Baleares, José Luis Mateo, anunció hace unos días que la agencia de vivienda Ibavi invertirá 60 millones de euros en 2025 en nuevas viviendas sociales. Como parte de este paquete, Pollensa recibirá veinte viviendas. Estas estarán en terrenos en la zona de Gotmar, cerca de la carretera principal que conecta el pueblo y el puerto. Está clasificada como desarrollable.
Aún no se han especificado los detalles exactos del proyecto, aunque el alcalde de Pollensa, Martí March, ha indicado que es probable que sean veinte viviendas de dos plantas y en alquiler en lugar de venta. Los criterios para aplicar serán establecidos por el ayuntamiento. Estos incluirán, por ejemplo, la prueba de haber sido residente de Pollensa durante un cierto número de años.
La política del Gobierno Balear, tanto del gobierno anterior como del actual, se centra más en el alquiler que en la compra. Sea cual sea, no se puede cuestionar el hecho de que hay una gran escasez de viviendas sociales asequibles. Esta situación se ha producido en parte debido a los términos y condiciones para la compra de viviendas de protección oficial (VPO).
Las VPO surgieron por primera vez a principios de la década de 1980. Los precios eran fijados por la administración pública (el Gobierno Balear a partir de 1983), pero después de treinta años estas viviendas podían ofrecerse en el mercado libre, habiendo sido por supuesto muy por debajo del precio de mercado. En un momento dado, había más de 27,000 de estas VPO en las Baleares. De estas, unas 17,000 se han vendido en el mercado libre. El resto lo serán, y el gobierno no puede evitar estas ventas a pesar de un cambio legislativo en 2018. Esto solo se aplica a las nuevas viviendas; serán propiedad pública en perpetuidad.
Pollensa proporcionó un claro ejemplo de los términos y condiciones de las VPO. Hace unos años, cuando el hermano del actual alcalde, Miquel Àngel March, era alcalde, se destacó el hecho de que ya no quedaba ninguna VPO bajo el régimen de precios protegidos del gobierno en el municipio. Todas estaban ahora en el mercado libre, habiendo sido vendidas o con la posibilidad de ser vendidas a un buen beneficio.
Esos términos y condiciones fueron un gran error. Ahora se echan de menos unas 27,000 viviendas con precios controlados. Los gobiernos ahora están compensando la pérdida. Veinte en Pollensa es algo, pero solo habrá veinte.
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