Un particular ha anexado 12,500 metros cuadrados de zona de inundación en Orihuela Costa, rellenando un barranco con tierra para elevar el terreno, posiblemente para futuras construcciones. Esta acción plantea preocupaciones significativas, especialmente dada la creciente frecuencia e intensidad de eventos atmosféricos, como la reciente catástrofe de la DANA en Valencia el 29 de octubre.
Miguel Ángel Pavón, presidente de Amigos de Sierra Escalona (ASE), afirma que la zona inundada abarca 26,000 metros cuadrados de terreno común no urbanizable, con la mitad de ella en alto riesgo de inundación según el Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación (Patricova). Este barranco, que comienza cerca del Paisaje Protegido de Sierra Escalona, termina en la playa con casas a lo largo de su recorrido.
Los expertos advierten que si la tierra depositada no se retira, una inundación podría causar una avalancha de barro que afectaría a las casas aguas abajo. Joaquín Martínez-Campillo, experto en inundaciones, califica la situación como “una verdadera atrocidad”, destacando que rellenar el canal podría resultar en áreas circundantes, incluidas las viviendas, siendo inundadas.
Miguel Agulló, presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Alicante, señala que elevar terrenos con tierra es común para luego construir sobre ellos. Sin embargo, en caso de una fuerte inundación, esto podría llevar a una situación similar a un tsunami. El geógrafo y climatólogo Jorge Olcina enfatiza que estas acciones muestran poco respeto por el dominio hidráulico público y podrían tener consecuencias graves, especialmente dada la creciente frecuencia de eventos de lluvias intensas.
Se ha instado al Ayuntamiento, la Generalitat y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) a actuar. El Ayuntamiento abrió un expediente en mayo de 2023 y lo trasladó a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, que debería encargarse de las sanciones y la restauración de la legalidad urbanística. Sin embargo, ha habido confusión sobre las responsabilidades, con la CHS afirmando que la acción no afecta al dominio público del agua.
El concejal de Urbanismo, Matías Ruiz, indica que el estado del terreno (público o privado) aún está por determinarse, lo que retrasa la regularización. El Ayuntamiento sostiene que no hay un riesgo inminente que requiera una intervención inmediata de los servicios de Seguridad del Estado o la Policía. Aun así, advierten sobre posibles multas por infracción que van desde 30,001 hasta 1.5 millones de euros.
Más allá de las implicaciones ecológicas, este incidente plantea serias preguntas sobre las regulaciones de uso de suelo y la protección de espacios públicos. La invasión de un cauce público destaca la necesidad de una aplicación más estricta de las leyes y regulaciones ambientales. Las autoridades locales y las organizaciones ambientales instan a una acción rápida para rectificar la situación y prevenir más daños.
Los expertos coinciden en que se requiere una acción inmediata para retirar la tierra depositada y restaurar el barranco a su estado original para prevenir posibles desastres.