El Tribunal Supremo de España ha desestimado un caso civil contra el analgésico ‘mortífero’ Nolotil, provocando indignación entre los activistas.
Recientemente, una demanda presentada contra el Ministerio de Salud de España y la Agencia de Medicamentos (AEMPS) por un grupo de campaña de Nolotil ha sido desestimada por el tribunal más alto del país.
Liderado por la Asociación de Personas Afectadas por Medicamentos (ADAF) Cristina del Campo, el juez dictaminó que el caso no constituía una ‘violación de los derechos humanos’.
“Me siento completamente decepcionada con la humanidad”, dijo a Olive Press.
“Sabemos de lo que esta droga es capaz, más de 40 países la han prohibido porque es peligrosa, no tienen consideración por la vida de los pacientes o las personas en general.”
La Audiencia Nacional revisó la demanda, presentada por la ADAF en noviembre de 2023.
El caso, manejado por Francisco Almodovar, llegó a la oficina del fiscal general en enero de este año y ha estado bajo revisión durante más de 10 meses.
La incansable activista Cristina del Campo alega que las autoridades españolas han ‘fallado en regular adecuadamente’ el Nolotil, lo que ha llevado al menos a 40 muertes de expatriados británicos e irlandeses.
Esto ocurre unos cuatro años después de que en 2018 el gobierno español emitiera una directiva que prohibía la venta del medicamento a norteuropeos sin receta.
Sin embargo, la demanda alegaba que este consejo no se está siguiendo y constituye una ‘violación de los derechos humanos’.
Tanto la Agencia Española de Medicamentos (AEMPs) como los productores de Nolotil, Boringer Ingleheim, fueron rodeados por el juez y una temprana por parte de la AEMPs fue desestimada.
A pesar de esto, el juez desestimó el caso, afirmando que el medicamento no violaba los derechos humanos.
El caso de la ADAF incluía varios casos de agranulocitosis, que puede llevar a sepsis, amputaciones y fallo orgánico.
Ellos han identificado 350 casos sospechosos del efecto secundario potencialmente mortal entre 1996 y 2023, incluyendo a 170 británicos que viven o visitan España.
El caso contenía varios casos y registros médicos de pacientes afectados por el medicamento.
Ahora, Del Campo y su equipo de abogados se están preparando para presentar una denuncia penal alegando la falta de seguridad del medicamento.