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MÉS per Mallorca ha registrado hoy una propuesta de ley en el Parlamento para permitir a los ayuntamientos prohibir la compra de viviendas por parte de no residentes o entidades legales, así como restringir la compra de segundas viviendas. Según el portavoz del grupo parlamentario, Lluís Apesteguia, esta sería una legislación ‘pionera’ en la Unión Europea, ya que ‘choca’ con la libre circulación de capitales. Sin embargo, destacó que está justificada en el interés general, la no discriminación y la proporcionalidad, tal como establece una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que debería aplicarse en estos casos.
“Creemos que cuando hay una situación extraordinaria, se requieren medidas extraordinarias, y cuando las personas no tienen garantizado el acceso a la vivienda, se deben limitar las compras que no son esenciales para la vida”, afirmó Apesteguia, señalando que el precio medio de compra y alquiler ha aumentado en los últimos cinco años en un 30% y un 40%, respectivamente.
“El mercado inmobiliario debe intervenir y poner fin a la especulación en la vivienda, las casas son para vivir y no para hacer negocios. Todo el mundo debería tener garantizado el derecho a tener un lugar decente donde vivir”, dijo. Esta propuesta de ley, afirmó, debería ser aprobada tanto por el Parlamento como por el Congreso de los Diputados, ya que afecta a competencias regionales -las relacionadas con la vivienda- y competencias nacionales -las relacionadas con los contratos- que, de ser aprobada, fortalecería la ley frente a un posible desafío por parte de las instituciones europeas.
“Queremos enviar un mensaje a Europa: si queremos asegurar que Europa funcione, los proeuropeos debemos garantizar que las personas que viven en Europa puedan tener una vida decente independientemente de dónde hayan nacido o dónde quieran vivir. Europa no puede ser un obstáculo en este sentido, pero puede ser una ayuda”, dijo. Y agregó que la propuesta de ley cumple con las disposiciones del TJUE en casos en los que se contraviene la libre circulación de capitales.
“El interés general está justificado en el colapso del mercado inmobiliario y la imposibilidad de acceder a la vivienda. No es discriminatorio, porque no diferencia por nacionalidad sino por residencia. Y es proporcional porque su aplicación se mide en parámetros objetivos y es temporal”, señaló.
Si se aprueba, la ley contemplaría una moratoria de doce meses para que los ayuntamientos estudien la aplicación de las medidas, que no son vinculantes entre sí. Según Apesteguia, podrán decidir si aplicar una, dos, tres o ninguna, dependiendo de las necesidades de vivienda de los habitantes del municipio, y nunca por un período de más de diez años.
Sin embargo, para adoptar la ley, esta tendría que ser aprobada por mayoría absoluta en las sesiones plenarias municipales, siempre que se cumplan al menos tres de los diez parámetros establecidos para demostrar que el mercado de la vivienda está muy tensionado. Entre ellos, destacan algunos como que el precio de compra o alquiler de una propiedad haya experimentado en los últimos cinco años un crecimiento de al menos tres puntos porcentuales por encima del aumento del IPC; que el precio medio de compra o alquiler sea un 35% superior al promedio nacional o al de territorios similares como Sicilia, Cerdeña o Chipre; o que el precio de compra sea superior al salario neto promedio recibido en una proyección a diez años.
Aunque afirmó que esta es la propuesta de ley ‘más importante’ presentada por MÉS per Mallorca durante esta legislatura -cuya propuesta ya se planteó en el debate de política general- Apesteguia no ha revelado si cuenta con el apoyo de los diferentes grupos parlamentarios.