El pasado sábado, la Audiencia Nacional de España dictaminó la suspensión temporal de las actividades de Telegram en el país, tras una denuncia presentada por importantes compañías mediáticas. Estas alegaron que los usuarios compartían contenido sin su autorización, según informó la organización de defensa del consumidor FACUA. FACUA ha criticado la decisión, calificándola de “desproporcionada”.
La decisión se tomó después de que los representantes de la empresa en las Islas Vírgenes no proporcionaran al tribunal la identidad de algunos usuarios de las cuentas, presuntamente responsables de estas actividades.
El Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería de España se ha pronunciado en contra de este fallo, considerándolo desmedido. Su presidente lo comparó con “bloquear completamente” una provincia del país por un caso de narcotráfico o robo en ese territorio. Además, agregó que “resulta bastante sorprendente bloquear Telegram por un caso de propiedad intelectual, cuando, en otras situaciones, se han llevado a cabo investigaciones sobre temas como terrorismo, pornografía infantil o narcotráfico”.
Telegram es conocida por su falta de cooperación con las autoridades públicas, lo que la ha hecho popular entre usuarios disidentes en regímenes autoritarios, así como entre personas responsables de actividades ilegales como terrorismo, pornografía infantil, etc. Fue bloqueada en China en 2015, así como en Tailandia, Pakistán y Cuba.
Aunque la decisión se tomó debido a la falta de cooperación de la empresa, ciertamente plantea preguntas respecto a su proporcionalidad, teniendo en cuenta el gran número de personas que la utilizan en España.
Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Telegram es la cuarta aplicación de mensajería más utilizada en España, con casi el 19% de las personas encuestadas usándola. A nivel global, cuenta con cerca de 8 millones de usuarios.