ARCHIVO – El ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, actualmente encarcelado, fotografiado a través de una ventana de vidrio, asiste a su juicio en una base policial en las afueras de Lima, Perú, el 28 de junio de 2016. El ex presidente Fujimori, quien fue indultado en diciembre de sus condenas por corrupción y responsabilidad por el asesinato de 25 personas, planea postularse para la presidencia de Perú por cuarta vez en 2026, según dijo su hija mayor el domingo 14 de julio de 2024. (Foto de AP/Martin Mejía, Archivo)
LIMA, Perú (AP) — El gobierno de Perú promulgó el viernes una ley que impide la persecución de crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002, una decisión que favorece al ex presidente Alberto Fujimori, así como a cientos de militares investigados o procesados por masacres y asesinatos durante el conflicto armado interno del país (1980-2000).
La ley, que no tuvo comentarios de la Presidenta Dina Boluarte, fue promulgada, a pesar de una orden de julio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el tribunal regional más alto en esta materia, indicando a Boluarte, al Congreso y al Poder Judicial que debían anular lo que entonces aún era un proyecto de ley, ya que contravenía el derecho internacional.
Las Naciones Unidas denunciaron el viernes la promulgación de la ley.
La nueva ley de Perú “contradice las obligaciones del país en virtud del derecho internacional y es un desarrollo preocupante, en medio de una reacción más amplia contra los derechos humanos y el estado de derecho en Perú”, dijo Volker Türk, jefe de derechos humanos de la ONU, en un comunicado.
“Los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra están entre las violaciones más graves del derecho internacional y ni amnistías ni estatutos de limitaciones deben extenderse a ellos”, agregó la declaración. “Los responsables de crímenes atroces deben rendir cuentas, de acuerdo con el derecho internacional”.
Según una estimación de la fiscalía peruana publicada en junio, la legislación tendrá un impacto directo en 550 víctimas y 600 casos, incluidas investigaciones y procesos judiciales que serán archivados o desestimados por estatuto de limitaciones.
Según expertos, la ley beneficiará especialmente a Fujimori —quien gobernó Perú de 1990 a 2000 y fue condenado en 2009 por abusos a los derechos humanos— en un juicio actual en el que los fiscales buscan condenarlo a 25 años por el asesinato de seis campesinos en 1992.
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