Las reformas judiciales del nuevo gobierno de centro-izquierda en Polonia siguen encontrando resistencia terca de los conservadores del país que fueron votados fuera del cargo. El presidente Andrzej Duda, el último representante del anterior partido gobernante Ley y Justicia (PiS) con poderes, ha enviado los cambios del nuevo gobierno al Consejo Nacional de la Judicatura a la Corte Constitucional para su revisión. El movimiento fue anunciado por la jefa de cancillería de Duda, Malgorzata Paprocka, en Varsovia el viernes. Ella había calificado las nuevas regulaciones de “flagrantemente inconstitucionales” en julio. La ley no puede entrar en vigor sin la firma de Duda. El Consejo Nacional de la Judicatura en Polonia nombra jueces para puestos vacantes y protege la independencia de los tribunales. En 2018, el gobierno de PiS decidió que 15 de los 25 miembros del consejo debían ser nombrados por el parlamento, anteriormente, los jueces habían determinado la mayoría de los miembros. Esto llevó a Polonia a un conflicto con la Comisión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) también criticó el hecho de que el Consejo Nacional de la Judicatura ya no era independiente. La UE ha abandonado sus procedimientos contra Polonia porque el nuevo gobierno del primer ministro Donald Tusk ha prometido restaurar la independencia del poder judicial. Sin embargo, el camino para lograr esto es largo y arduo. En el futuro, la judicatura volverá a ocupar 15 de los 25 puestos en el Consejo Nacional de la Judicatura mediante elecciones libres. Según la reforma, los miembros del consejo que hayan sido nombrados desde 2017 ya no serán elegibles para la elección. Duda tiene problemas con este punto, diciendo que no hay razón para excluir a los jueces de la elección en función de su fecha de nombramiento.