El Ayuntamiento de Benidorm ha acudido al Tribunal Supremo de España para impugnar una indemnización de €283 millones más €47 millones en intereses que podría llevar a la quiebra a la autoridad.
El dinero fue otorgado en mayo por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por la pérdida de derechos de edificación en el Parque Natural de Serra Gelada protegido.
La indemnización fue concedida a Murcia Puchades Expansion SL y Urban Urban Villajoyosa 2000 SL después de que un tribunal inferior inicialmente les concediera menos de €700,000.
El interés sobre la indemnización del TSJCV, que data de diciembre de 2019 cuando se valoró el terreno, significa un pago potencial de €330 millones, con el presupuesto municipal de Benidorm para 2024 establecido en más de €141 millones.
El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, calificó la sentencia del TSJCV como “disparate”.
El departamento legal del ayuntamiento ha presentado ahora documentos ante el Tribunal Supremo en Madrid para “defender los intereses de la ciudad”.
La autoridad también señaló que antes de mayo, todas las decisiones sobre el tema habían sido “favorables”.
A pesar de la disposición de las dos empresas a negociar un acuerdo, Toni Pérez dijo que cualquier conversación sería inapropiada.
“Los políticos no pueden negociar nada, ya que sería ilegal y son los jueces los encargados de hacer valoraciones”, comentó.
Pérez también rechazó un escenario en el que los impuestos aumentarían para los residentes de Benidorm si el ayuntamiento tuviera que pagar la indemnización completa.
En mayo, el TSJCV revocó una decisión de un tribunal inferior de Alicante de que la familia Murcia Puchades debería recibir una suma mucho menor.
El tribunal valenciano consideró que el terreno había sido clasificado previamente como terreno urbano apto para desarrollo en la década de 1960.
Por lo tanto, permitió una nueva evaluación de su valor que otorgó a los desarrolladores lo que querían en compensación por la cancelación del proyecto.
La familia Murcia Puchades tenía tres parcelas que sumaban más de dos millones de metros cuadrados en la Serra Gelada.
Su acción legal comenzó después de que el Ayuntamiento de Benidorm anulara los acuerdos de planificación urbana firmados en 2003 entre el entonces alcalde, Vicente Pérez Devesa, y varias empresas.
Los acuerdos fueron renovados dos veces en 2010 y 2013 por el ex alcalde Agustín Navarro y dejaron abierta la opción de pagar una compensación para mantener a los constructores fuera de áreas “protegidas”.