LIMA, Perú (AP) — El Congreso de Perú aprobó el jueves una ley que establece un plazo de prescripción para los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002, una decisión que organizaciones de derechos humanos han advertido que podría fomentar la impunidad y obstaculizar las investigaciones sobre graves abusos.
También podría beneficiar a figuras como el ex presidente Alberto Fujimori y personal militar retirado acusado de — o incluso condenado por — crímenes cometidos entre 1980 y 2000 durante un conflicto armado interno que dejó miles de víctimas.
Según la fiscalía peruana, la legislación tendrá un impacto directo en 550 víctimas y 600 casos, incluidas investigaciones y procesos judiciales que serían archivados o desestimados por la prescripción.
Fujimori, quien gobernó Perú de 1990 a 2000, fue condenado en 2009 por cargos de abusos contra los derechos humanos. Fue acusado de ser el cerebro detrás de las muertes de 25 peruanos mientras el gobierno combatía a los rebeldes comunistas de Sendero Luminoso.
La nueva ley, de hecho, fue promovida por el partido de derecha Fuerza Popular (FP), liderado por Keiko Fujimori, la hija del ex presidente Fujimori, y establece que “nadie será procesado, condenado o sancionado por crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002.”
Inicialmente aprobada en junio, la ley necesitaba una segunda votación que tuvo lugar el jueves.
La presidenta peruana Dina Boluarte puede promulgar la ley o devolverla al Congreso con más recomendaciones. Boluarte no ha dicho qué hará.
Varios legisladores que eran personal militar y naval durante el conflicto armado interno apoyan la ley.
El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Perú dijo en un comunicado que “la ley tiene como objetivo limitar la aplicación de justicia interna a través de la extinción de cualquier responsabilidad penal debido al paso del tiempo.”
En junio, varias organizaciones de derechos humanos de Perú advirtieron que si la ley fuera aprobada, se promovería la impunidad en todos los casos que forman parte del conflicto armado interno de 1980 a 2000, incluido un famoso juicio en el que el ex presidente Fujimori fue acusado de la masacre de 1992 de seis campesinos ejecutados por un grupo clandestino de soldados.
A principios de este año, el ex jefe de inteligencia peruano Vladimiro Montesinos y un estrecho colaborador de Fujimori fueron condenados a 19 años y ocho meses de prisión en relación con la masacre de 1992.
Según una comisión de la verdad que estudió el período del conflicto, las víctimas eran en su mayoría indígenas atrapados en enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y miembros del grupo rebelde Sendero Luminoso. La comisión estima que el conflicto mató a 70,000 personas.
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