Demanda de los oficiales de policía contra los jueces del tribunal supremo.

Sesenta agentes de la Policía de Palma están tomando medidas legales contra tres jueces de la Audiencia Provincial de Baleares, uno de ellos siendo el presidente del tribunal, Carlos Gómez.

Estos agentes estaban todos relacionados con el ‘caso Cursach’, la investigación sobre el propietario de la discoteca BCM en Magaluf, Tolo Cursach, y otros. El juicio de Cursach y otros colapsó en noviembre de 2022. Fue absuelto. Una de las principales consecuencias de esto fue la demanda de investigaciones contra un ex juez, Manuel Penalva, y un ex fiscal, Miguel Ángel Subirán. Los agentes fueron arrestados o encarcelados injustamente por Penalva y Subirán.

Mantienen que el liderazgo del tribunal protegió y encubrió una investigación que resultó en cientos de acusados, y están llevando el asunto al Tribunal Supremo. “Vamos a Madrid para que se haga justicia en Mallorca.”

El informe del abogado hace referencia a la presunta manipulación de testigos protegidos y al comportamiento de Carlos Gómez. “Fue él quien dirigió el caso judicial en el que se incautaron los mensajes de WhatsApp del grupo ‘Los Intocables’, pruebas cruciales que revelaron manipulación procesal, corrupción judicial y la existencia de una estructura criminal dentro del sistema judicial. A pesar de tener pleno conocimiento de estos mensajes, deliberadamente decidió no actuar de acuerdo con la ley y continuar con el plan preconcebido de encubrimiento iniciado por los otros jueces involucrados.

“Pero su pasividad no termina ahí. También tuvo acceso a mensajes que confirmaban de manera clara y inequívoca que el juez Manuel Penalva había conocido previamente a ‘El Trilero’, a quien luego convirtió en testigo protegido, habiendo sido arrestado junto con su clan familiar.” (Conocidos como ‘Los Bustamante’, son conocidos en Playa de Palma por sus trucos callejeros).

LEAR  ¿Qué son las 'salpas'? Las extrañas criaturas transparentes que actualmente están apareciendo en las costas de España.

“Como si lo anterior no fuera ya revelador, el juez también tenía pruebas documentales que demostraban la existencia de un favor judicial en forma de una reducción progresiva de las medidas cautelares de este testigo (por ejemplo, una orden de destierro de Playa de Palma), que se correlacionaba con su colaboración como falso testigo en el caso Cursach. Este es un patrón extremadamente grave.”