El gobierno balear cree que podrá proporcionar hasta 3.000 viviendas vacías en alquiler a precios un 30% más bajos que los del mercado.
El plan, que se lanzará en otoño, implicará que pequeños propietarios ofrezcan propiedades de forma voluntaria con la garantía de que se les pagará todo el alquiler y de que las propiedades se devolverán en el mismo estado en el que se encontraban cuando se pusieron a disposición inicialmente. El gobierno pagará a los propietarios la diferencia entre lo que pagan los inquilinos y los precios de mercado.
Los solicitantes de alquiler deberán haber sido residentes legales en las Islas Baleares durante un mínimo de cinco años y poder demostrar que tienen los medios para pagar el alquiler. La propiedad alquilada tendrá que ser la vivienda habitual y permanente del inquilino; no podrá utilizarse para otro propósito, por ejemplo, alquiler vacacional.
La vivienda deberá haber estado vacía durante al menos seis meses. El esquema está expresamente dirigido a pequeños propietarios y excluye a los grandes propietarios, normalmente considerados como aquellos con diez o más propiedades; los bancos y los fondos de inversión suelen ser parte de estos grandes propietarios.
El miércoles, la ministra de Vivienda, Marta Vidal, dijo: “El objetivo es reducir el precio general poniendo más oferta en el mercado”. El precio de mercado, explicó, se controlará para que no haya abusos.
El gobierno se opone a la ley española que permite establecer límites de alquiler, insistiendo Vidal en que la tensión en el mercado de alquiler se produce al fijar límites de precio.